En un contexto de desaceleración económica y creciente presión sobre las finanzas públicas locales, el gobierno chino ha decidido dar un giro a su estrategia económica. El gigante asiático ha comenzado a ajustar su política fiscal, con el doble objetivo de contener el endeudamiento de los gobiernos regionales y estimular la actividad económica, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del país.
Tras décadas de crecimiento impulsado por la inversión pública, el modelo chino enfrenta ahora nuevos desafíos: la deuda acumulada por los gobiernos provinciales y municipales ha alcanzado niveles insostenibles en muchas regiones, al tiempo que el consumo interno y la inversión privada siguen mostrando señales de debilidad.
Un modelo agotado: deuda local y crecimiento desigual
Durante años, las autoridades locales en China han recurrido a los llamados vehículos de financiación gubernamental local (LGFV) para financiar grandes proyectos de infraestructura, urbanización y desarrollo industrial. Aunque este modelo permitió un rápido crecimiento y modernización, también generó un endeudamiento masivo que no siempre estuvo respaldado por ingresos sostenibles.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la deuda total vinculada a estos LGFV supera ya el 50% del PIB chino, aunque las cifras reales podrían ser aún mayores debido a la falta de transparencia contable. Esta carga financiera no solo amenaza la salud fiscal de las provincias, sino también la del sistema bancario, que está fuertemente expuesto a estos pasivos.
A esta situación se suma el deterioro del mercado inmobiliario, que fue durante años una fuente clave de ingresos para los gobiernos locales a través de la venta de tierras. Con la caída de grandes promotores como Evergrande o Country Garden, la recaudación se ha desplomado, agravando aún más los desequilibrios presupuestarios.
El nuevo enfoque de Pekín: disciplina y reactivación
Frente a este escenario, el gobierno central, liderado por el presidente Xi Jinping, ha lanzado una serie de medidas para ajustar el gasto público, reducir la dependencia del endeudamiento regional y reactivar la economía de forma más sostenible.
Entre las principales iniciativas se encuentran:
- Revisión y reestructuración de deuda local: Pekín ha autorizado un programa para que algunas provincias puedan reestructurar o canjear deuda vieja por nueva a tipos de interés más bajos, aliviando la presión financiera a corto plazo.
- Control sobre los LGFV: Se han impuesto límites más estrictos a la emisión de deuda por parte de estos vehículos, exigiendo mayor transparencia y aprobación central en muchos casos.
- Incentivos al consumo interno: El gobierno está promoviendo políticas fiscales dirigidas a estimular el consumo de los hogares, incluyendo subvenciones, recortes de impuestos y programas de apoyo al empleo.
- Inversión focalizada: En lugar de grandes proyectos infraestructurales, se apuesta por inversiones más selectivas en sectores estratégicos como la tecnología, la energía verde y la digitalización industrial.
- Mayor supervisión: El Ministerio de Finanzas ha reforzado los mecanismos de supervisión sobre las finanzas locales, con auditorías más frecuentes y sanciones por malas prácticas.
Un equilibrio delicado: crecimiento vs estabilidad
La estrategia fiscal de China se enfrenta al complejo reto de equilibrar el estímulo económico con la prudencia financiera. Por un lado, el país necesita mantener tasas de crecimiento suficientes para garantizar el empleo, reducir la desigualdad regional y preservar la confianza del consumidor. Por otro lado, el endeudamiento excesivo y mal gestionado podría desencadenar una crisis financiera de proporciones sistémicas.
De momento, los primeros datos de 2025 muestran una leve recuperación del PIB, con un crecimiento interanual cercano al 5%, aunque todavía por debajo de las cifras prepandemia. El sector servicios y la exportación han sido los motores principales, mientras que el consumo y la inversión siguen mostrando señales mixtas.
Los analistas advierten que el éxito de esta estrategia dependerá de su consistencia a largo plazo, así como de la capacidad de las autoridades para redistribuir recursos, reformar el sistema fiscal y aumentar la eficiencia del gasto público.
El impacto global: China como actor clave
Lo que ocurra en China no solo afecta a sus ciudadanos, sino que tiene implicaciones globales. Como segunda economía del mundo y principal socio comercial de muchas regiones, cualquier ajuste en su política fiscal y económica repercute en los mercados internacionales.
Una reactivación sostenida del crecimiento chino podría impulsar la demanda de materias primas, maquinaria, bienes de consumo y tecnología. Sin embargo, una mala gestión del endeudamiento regional o un endurecimiento fiscal excesivo podrían tener el efecto contrario, reduciendo las importaciones chinas y debilitando las cadenas de suministro globales.
Además, las reformas fiscales chinas están siendo observadas de cerca por organismos como el FMI, el Banco Mundial y los mercados financieros internacionales, que valoran tanto su solvencia como su capacidad de respuesta ante posibles shocks externos.
Conclusión: una reforma necesaria, pero compleja
El ajuste fiscal de China marca un cambio de rumbo necesario, que busca corregir los excesos del pasado sin poner en peligro el crecimiento futuro. Se trata de una operación delicada, que exige coordinación entre niveles de gobierno, disciplina presupuestaria y una visión clara de hacia dónde debe dirigirse la economía del país.
La contención del endeudamiento regional no solo es clave para mantener la estabilidad financiera, sino también para asegurar una transición hacia un modelo económico más equilibrado, innovador y sostenible.
El desafío ahora es implementar estas medidas sin generar un frenazo económico. Si lo logra, China podría consolidar una nueva etapa de crecimiento más sólido y menos dependiente de la deuda. Si falla, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de sus fronteras.